La adopción, por parte de España, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, el 5 de mayo de 1982, supuso un nuevo paso en la normalización de las relaciones internacionales de la incipiente democracia española.
Diez años antes se había aprobado en París dicha Convención, con el objetivo de crear un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural ante los peligros a los que estaba sometido. La Unesco reconocía, con este documento, el valor universal de una serie de bienes cuya importancia sobrepasaba las fronteras nacionales, al erigirse en símbolos de la Humanidad en su conjunto.
En noviembre de 1984, tan solo dos años después de la adopción de la Convención, España incluyó sus primeros bienes en la lista del Patrimonio Mundial: la Alhambra y el Generalife de Granada, la Catedral de Burgos, el Monasterio y Sitio de El Escorial en la Comunidad de Madrid, el Parque Güell, el Palacio Güell y la Casa Milà en Barcelona y la Mezquita-Catedral de Córdoba. Se inaugura así un inventario que a día de hoy supera el medio centenar de inscripciones, entre bienes culturales, naturales e inmateriales.
La declaración cordobesa se vio ampliada, en 1994, a todo el conjunto histórico de la ciudad, una protección a la que se sumarían la Fiesta de los Patios en 2012 y el yacimiento arqueológico de la ciudad califal de Medina Azahara, a escasos kilómetros de la capital, en julio de 2018, convirtiéndose en una de las ciudades con mayor número de bienes reconocidos por la Unesco.
Patrimonio Mundial para potenciar el turismo y asegurar la preservación
El ingreso en la Lista del Patrimonio Mundial suele tomarse como una oportunidad para potenciar un espacio turísticamente. Sin embargo, los Estados y, en el caso de España, las administraciones regionales asumen una serie de compromisos que, en ocasiones, pueden chocar con el turismo de masas.
La protección de un bien determinado requiere de un amplio informe en el que, además de detallar su excepcionalidad, se debe plantear un meticuloso plan de gestión a corto, medio y largo plazo que no solo afecte al propio bien, sino a lo que se conoce como zona de amortiguamiento.
El objetivo de estas directrices es garantizar que se preservan los valores por los que se ha accedido a la declaración y, al mismo tiempo, evitar la presión a la que se ve sometido cualquier monumento, ya sea patrimonial o natural, que entra en el circuito turístico.
En el caso de los bienes inmateriales, esa salvaguarda adquiere un significado más especial, ya que se debe garantizar la pervivencia de un legado que se enfrenta a múltiples peligros: desde la despoblación a la globalización, pasando por la mercantilización de testimonios, a veces centenarios, de los pueblos.
¿Cómo preservar los dos milenios de cultura, arte y religión de Córdoba?
La elección de la Mezquita-Catedral de Córdoba como uno de los primeros bienes candidatos por parte de España supuso una fuerte apuesta por la multiculturalidad y los valores universales que defiende la Unesco, desde su creación en 1945.
La Mezquita-Catedral de Córdoba condensa dos milenios de cultura, arte y religión. Una combinación que ha legado a la Humanidad un espacio único, en el que se han ido superponiendo diferentes cultos y credos pues, en un mismo lugar, conviven estilos artísticos aparentemente irreconciliables.
La conversión de mezquitas en iglesias y catedrales fue tónica habitual en la Baja Edad Media hispánica, pero en la Mezquita-Catedral de Córdoba ese diálogo adquiere una nueva dimensión, al haberse respetado, en gran parte, el edificio omeya y construirse la catedral del siglo XVI en su interior.
El número de visitas a la Mezquita-Catedral de Córdoba no ha dejado de crecer en estos últimos años, otorgando una fuente de ingresos extra a los gestores del edificio para llevar a cabo importantes obras de restauración y conservación, así como estudios arqueológicos para conocer mejor su evolución.
La tutela por parte de la Unesco se limita a recomendar determinadas acciones, pero no tiene capacidad para interferir en la legislación de cada Estado miembro. Entidades como el Centro del Patrimonio Mundial o la organización independiente ICOMOS son las encargadas de velar por la correcta conservación de los bienes.
En sus informes, evalúan el cumplimiento de las directrices emanadas de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural; unos documentos que, en ocasiones, incluso han aconsejado la expulsión de determinados bienes, como ocurrió en la ciudad alemana de Dresde tras la construcción de un puente para el tráfico rodado.
La consecución del título de Patrimonio Mundial es un premio al que múltiples ciudades y regiones aspiran. Un galardón que, en ocasiones, se puede tomar a la ligera, pero que conlleva un trabajo constante para garantizar la universalidad del bien.
El que Córdoba albergue varias distinciones es motivo de orgullo, pero también un reto en la conservación de un patrimonio que sirva de guía a toda la Humanidad.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.
