En los estudios sobre el cantonalismo ha existido desde hace muchos años una preferencia por abordar los casos surgidos en determinados espacios, con especial atención, como señalaba Gloria Espigado, a la región catalana, a Andalucía y, sobre todo, al Levante, con Cartagena como referente fundamental.
Mucho menos conocidos son los movimientos cantonales surgidos en otros lugares, como pueden ser los casos de La Mancha, Navarra o los intentos promovidos en lo que hoy es Castilla y León. Quizás fuera por su fracaso inicial, como ocurrió en Béjar y en Ávila (resueltos en nada en el caso bejarano y con un fugaz «éxito» de apenas unas horas en Ávila).
Más sorprendente es que no se prestara atención a lo ocurrido en Salamanca, donde se desarrolló una revuelta cantonal que se extendió desde la madrugada del 22 de julio hasta el 4 de agosto, cuando se dio por finalizada.
Esta inicial característica relacionada con el olvido es, en sí misma, interesante, pues enlaza con la consideración que de ellos se tiene en la memoria ciudadana, una opinión creada (y deformada) en la Restauración, como ya indicó el maestro Jover. Pero ¿cuáles fueron los hechos que podemos conocer de ese proceso cantonal desarrollado en Salamanca?
La proclamación del cantón
En la noche del 21 de julio se reunieron los miembros del Comité Republicano y la oficialidad del Batallón de Voluntarios constituidos en Salamanca. Se designó una Comisión que había de resolver si se declaraba la provincia en cantón federal, cuestión que se resolvió afirmativamente.
Los miembros de esa Comisión serán los que compongan la Junta Provisional de Gobierno del Cantón federal de la provincia de Salamanca. El presidente será el diputado a Cortes Pedro Martín Benitas y figurarán como vocales otro diputado, Santiago Riesco Ramos, junto a destacados republicanos como Joaquín Hernández Agreda, Casimiro García Moyano e Ignacio Periáñez.
A las cuatro de la mañana, se comunicó al vecindario la proclamación del cantón. El gobernador fue destituido y las compañías de voluntarios ocuparon los puntos estratégicos de la capital. Los 170 efectivos de la Guardia Civil fueron conminados a irse en la tarde del día 22, abandonando la ciudad en dirección a Zamora adonde llegaron al día siguiente.
Controlada la situación, se intentará justificar el acto y dar las primeras órdenes. La Junta publicó un manifiesto en el que proclamaba su acatamiento al Gobierno Central y a las Cortes, al tiempo que establecía como objetivo del cantón el de garantizar el reconocimiento de las facultades político-administrativas que debería tener la provincia en el nuevo ordenamiento que había de establecerse tras la proclamación de la República Federal.
Por otro lado, las órdenes que emanaban de la Junta tenían tres objetivos muy limitados y concretos: salvaguardar el orden, garantizar el respeto a la propiedad y ordenar que se diera posesión a los nuevos Ayuntamientos elegidos en las elecciones celebradas el 12 de julio, algo que sabemos se hizo en Salamanca no sin ciertos conflictos.
Sabemos también que este movimiento de proclamación del cantón no tuvo el eco esperado en otros lugares de la provincia. En la muy activa y republicana villa de Béjar hubo un intento abortado de proclamación cantonal propia, que hubiera liderado un hombre ya experto en esas lides, Aniano Gómez, que ya había protagonizado actos revolucionarios en 1868.
También conocemos que hubo intentos (fracasados) de apoyar desde Béjar la aventura cantonal de la capital. Otras poblaciones importantes, como Peñaranda o Ciudad Rodrigo, manifestaron pronto su adhesión al Poder central. Y eso que en ellas el movimiento republicano no era pequeño y tenía lazos con la Junta cantonal: uno de sus dirigentes, Santiago Riesco, era diputado precisamente por el distrito de Ciudad Rodrigo.
Lo que ocurría era que la iniciativa de los cantonales no era seguida sin más por el conjunto de los republicanos. Aunque el federalismo era el planteamiento dominante dentro del republicanismo salmantino, no todos estaban por la labor.
Los dos diputados que lo dirigían se habían retirado de las Cortes y estaban encargados de propiciar la sublevación, en línea con lo que otros diputados deberían hacer en sus respectivas poblaciones. Pero sabemos que no todo el mundo respaldó la osada propuesta.
Si Santiago Riesco y Martín Benitas eran sus impulsores, hubo que convencer al jefe de la fuerza de voluntarios, sin los que la revuelta no hubiera podido tener éxito: Joaquín Hernández Agreda, quien había tenido protagonismo al denunciar la «inacción» que asfixiaba a los republicanos federales, accedió a formar parte de la Junta Cantonal.
Los cantonales habían forzado también la constitución anticipada del Ayuntamiento elegido apenas diez días antes, en unas elecciones donde los republicanos tuvieron un completo éxito. La Junta controló el poder en la ciudad, donde se hicieron algunos preparativos (más aparentes que reales) con vistas a un posible enfrentamiento.
El orden, una de las señas de identidad de la revuelta, estaba garantizado, como así había sucedido en febrero, con motivo de la proclamación de la República. Nadie podría acusarles de propiciar la anarquía o la subversión, algo que quedó reflejado en las páginas del Diario de Sesiones y en la prensa madrileña.
Este carácter pacífico y hasta tranquilo del movimiento quizás ayude a explicar su duración, pues lo cierto es que la cantonada se prolongó casi dos semanas, un periodo solo superado por cantones mucho más conocidos y tenidos en cuenta en los balances historiográficos, como pueden ser los casos de los andaluces o levantinos o los más duraderos, como Málaga o Cartagena. Es curioso comprobar cómo este dato ha pasado desapercibido y hasta ha pasado a afirmarse, sin ningún fundamento, que el cantón solo duró cinco días. Puede que la clave explicativa radique en que no fue necesario usar la fuerza para acabar con el cantón.
Y eso fue así porque desde el primer minuto un espíritu pactista animaba a los promotores de la revuelta. Es muy significativo que apenas dos días después de la proclamación del cantón, al tiempo que se desplegaban los voluntarios, se construían barricadas y se hacían los preparativos necesarios para enfrentarse a un posible enemigo, las Actas del Ayuntamiento recogen que se había constituido una Comisión que se envió a parlamentar con la Junta Cantonal para conocer cuáles eran sus propósitos.
El resultado de esa entrevista fue muy satisfactorio para unos concejales (republicanos federales todos, no lo olvidemos) temerosos de lo que pudiera ocurrir. Así lo afirmaba Francisco de la Riva y Mallo, marqués de Villa Alcázar, quien será posteriormente nombrado alcalde de la corporación recientemente elegida, al asegurar que «la Junta, tras recibirles afectuosamente, se hallaba animada de los mejores deseos en cuanto al orden público y pronta a transigir con el Gobierno, sus delegados o mandatarios, siendo solo su objeto (…) el de obtener o conseguir la integridad cantonal de Salamanca y su provincia, sin que la misma quedase postergada en la federación o división regional, conservando sus facultades político administrativas, sin aspiración a independencia ni menos a invadir funciones propias del estado general».
Recordemos que en esas convulsas semanas aún resonaban los ecos de las discusiones en torno a cómo habría de organizarse la República federal recién proclamada. Y que alguno de los debates incidía precisamente en la organización territorial de la misma.
Los federales salmantinos habían hecho del mantenimiento de las competencias en el ámbito de la provincia uno de sus ejes programáticos, quizás el más distintivo y particular de todos.
No es extraño, por tanto, que apareciera en medio de la revuelta cantonal. Y que estuviera presente en las negociaciones que se establecieron entre el Gobierno central y la Junta, eso sí, no de forma directa, sino a través de intermediarios, bien fuera el gobernador de Ávila o distintas Comisiones, en especial una formada en la Diputación Provincial y que fue la que definitivamente logró salvar la situación, tras viajar a Madrid y parlamentar con el Gobierno.
Su actuación permitió el fin pacífico de la revuelta, retornando a la situación previa el día 4 de agosto, sin mayores incidencias. Incluso, fueron reintegradas a la Administración Provincial las cantidades empleadas en pagar a los voluntarios encargados del control de la ciudad.
Eso no quiere decir que no hubiera consecuencias: aparte de disolverse la Junta, también se hizo lo propio con los ayuntamientos que se habían constituido, al tiempo que se dictó causa contra los dirigentes, incluidos los diputados, para los que se solicitó a las Cortes el preceptivo suplicatorio.
La discusión del dictamen donde se debería decidir dicha concesión ofrece pistas para entender todo el proceso. La Comisión creada en las Cortes, como era previsible, había solicitado la concesión del mismo para que fueran juzgados los dos líderes de la revuelta.
Para defenderse, intervinieron los dos diputados. El primero fue Pedro Martín Benitas, quien reivindicó lo que él llamaba la «legalidad revolucionaria» para justificar su actuación: la acción que habían protagonizado estaba justificada porque ellos defendían de verdad la República Federal, no como el resto de las Cortes; y no habían hecho nada distinto a lo que se hizo el 11 de febrero o las jornadas de abril, cuando hubo que enfrentarse a los partidarios de derrocar a la República.
Su intervención, como es natural, no fue bien recibida por muchos diputados y en poco contribuyó a propiciar un clima favorable a la no concesión del suplicatorio. Más moderada fue la intervención de Santiago Riesco (que no había estado presente en la encendida defensa que había hecho Benitas), quien negó que hubiera motivos para ser juzgado, pues la proclama cantonal no había roto en absoluto los lazos con el poder central, más bien al contrario, ya que estuvo caracterizada por el orden y la tranquilidad, como era de todos sabido. Estas argumentaciones no alteraron el resultado, pues los suplicatorios fueron concedidos aunque por un margen pequeño: 66 diputados votaron a favor y 63, en contra.
Desgraciadamente, no conocemos cómo se desarrollaron los procesos judiciales (de hecho, no tenemos constancia de cuándo y cómo se celebraron), algo que hubiera arrojado bastante luz sobre el desenlace final de la revuelta cantonal salmantina.
En cualquier caso, no debieron de ser muy relevantes esas consecuencias, pues conocemosla actividad pública de nuestros protagonistas en años posteriores, como representantes de los republicanos en el ayuntamiento de la capital.
Una imagen deformada
Otra cuestión, no menos relevante, es el análisis de su significado y la memoria que ha quedado de los mismos. En cuanto a esto último, podemos resumirlo en dos crónicas publicadas en plena Restauración y que han constituido el basamento fundamental para configurar una imagen deformada de los sucesos. En una de ellas, D. Luis Maldonado, destacado líder de los conservadores, evocaba las imágenes que él vivió con 13 años, de un suceso «bello y pintoresco», pero sin ninguna trascendencia.
Más duro se mostraba otro autor, curiosamente relacionado con posiciones filorrepublicanas, Francisco Fernández Villegas, quien lo califica de acto independentista que en vez de «tragedia revolucionaria, resultó, por fortuna, cómico y regocijado sainete».
La interpretación que podemos ofrecer es mucho más prosaica, pero más cercana a la realidad. La parte más activa de los federales salmantinos, girados desde hacía tiempo hacia posiciones más radicales, quiso aprovechar las circunstancias abiertas en el mes de julio para propiciar una mayor republicanización de las estructuras de poder local, que ellos entendían como algo fundamental para asentar la República.
Conocedores (como participantes a través de la acción de los diputados) de los preparativos que se estaban haciendo en otras partes del país, decidieron aprovechar esa ventana de oportunidad para acelerar ese proceso de dotar de estructuras republicanas a la provincia, que ellos consideraban como eje prioritario de la futura organización territorial.
En ese sentido es en el que hay que entender su exigencia de que se constituyeran los ayuntamientos elegidos y que habían dado mayorías significativas a los federales. Y todo ello en un clima de orden y de deseo de pacto.
Lo curioso es que la imagen (deformada) que se transmitió a la posteridad, no recogía esos presupuestos, sino una construcción elaborada a posteriori y que servía para ridiculizar o minusvalorar el movimiento cantonal.
Este nos parece, empero, más interesante y, sin desdeñar las causas relacionadas con el entorno local, tiene también concomitancias que deberemos seguir explorando para propiciar algo que sigue siendo necesario y que señaló con acierto Gloria Espigado: un decidido estudio comparado del fenómeno cantonal aún pendiente.
* Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de Muy Historia.
