Desde el tributum romano hasta el inolvidable lema de "hacienda somos todos", el pago de impuestos ha causado más de un quebradero de cabeza (y algunas revueltas de por medio) a lo largo de la historia. Aunque los sistemas fiscales del pasado suelen imaginarse como rudimentarios, arbitrarios o incluso caóticos, lo cierto es que las fuentes suelen revelar un panorama bien distinto. Así, la Corona de Castilla en la Edad Media desarrolló un entramado fiscal sorprendentemente complejo y estructurado, que funcionaba con métodos sistemáticos y actores bien definidos. El sistema, además de recaudar impuestos, también ejercía el control político, influía en la economía y articulaba la relación entre los poderes locales y la monarquía. En el centro de este modelo se encontraban los impuestos, que permitieron a Castilla organizar su fiscalidad sin una administración central permanente.
La tasación fiscal: una solución a la falta de una administración estable
Durante gran parte de la Edad Media, la Corona de Castilla careció de una administración fiscal centralizada y profesionalizada. En lugar de contar con funcionarios permanentes encargados de recaudar impuestos, el reino se apoyaba en mecanismos temporales, pero organizados con meticulosidad. Entre ellos destacó la tasación fiscal, es decir, un procedimiento de evaluación de rentas o de la riqueza que permitía distribuir la carga tributaria entre las diferentes unidades locales, sobre todo las ciudades y villas.
La tasación, además de establecer cuánto debía pagar cada comunidad, también permitía determinar con precisión la contribución que cada casa, vecino o distrito debía asumir, con base a la riqueza o capacidad económica relativa. Este método ofrecía a la Corona una forma flexible y eficaz de recaudar ingresos sin tener que desarrollar un aparato burocrático costoso y permanente.
Los agentes fiscales: recaudadores, contadores y tasadores
Aunque no existía una burocracia fiscal permanente, sí se activaba una red de agentes temporales especializados cada vez que era necesario recaudar un impuesto o servicio. Entre estos agentes figuraban los recaudadores, que se encargaban de percibir los pagos; los contadores mayores de cuentas, responsables del control y fiscalización del proceso; y los tasadores, que ejecutaban el reparto equitativo del impuesto entre las distintas unidades locales.
Estos últimos desempeñaban un papel clave. Los tasadores se encargaban de aplicar el principio de proporcionalidad, evaluando la riqueza relativa de las distintas comunidades para garantizar una distribución justa. En muchos casos, la elección de los tasadores recaía en personas con prestigio local, experiencia y conocimiento directo del territorio, lo cual dotaba de legitimidad y eficacia al proceso.
Servicios, pedidos y monedas: las distintas formas del tributo
En la Edad Media castellana, la fiscalidad real se basaba, sobre todo, en los impuestos extraordinarios, conocidos como “servicios” o “pedidos”. Estos servicios, que se aprobaban en las Cortes, eran solicitados por la Corona a los distintos concejos del reino en momentos puntuales. A diferencia de los tributos ordinarios, no eran permanentes, aunque su frecuencia aumentó de forma progresiva durante los siglos XIII al XV.
Uno de los elementos distintivos del sistema castellano era que estos servicios se solicitaban en cantidades fijas a repartir entre todas las ciudades y villas. Este reparto, conocido como “repartimiento”, se realizaba con base en tasaciones anteriores. Esto implicaba la existencia de una memoria fiscal que se conservaba en registros, libros y cuentas y que permitía reutilizar datos anteriores para futuros repartos.
Por otro lado, los impuestos podían expresarse en diversas unidades monetarias. Aunque la dobla y el maravedí eran las monedas de referencia, el sistema también consideraba equivalencias con cereales, ganados u otros bienes, sobre todo en las zonas rurales o con baja monetización.
Control y contabilidad: la fiscalidad como instrumento de poder
Lejos de ser un sistema caótico o informal, la fiscalidad castellana estaba sometida a procedimientos contables rigurosos y detallados. Las cuentas de los recaudadores debían entregarse a los contadores mayores del reino, quienes examinaban los libros, cotejaban los ingresos y gastos, y dictaminaban si las cantidades recaudadas coincidían con las exigidas.
Este proceso, denominado “tomar la cuenta”, permitía a la Corona tanto garantizar la eficiencia recaudatoria como vigilar a los agentes locales y, de paso, consolidar su autoridad sobre los municipios. En este sentido, el sistema fiscal se convirtió en una herramienta de control político tanto como económico.
La existencia de estos mecanismos de control no impedía los conflictos. En numerosas ocasiones, las comunidades alegaban que las tasaciones resultaban injustas, desproporcionadas o basadas en estimaciones desactualizadas, lo que motivaba protestas, negociaciones y, en ocasiones, revisiones del reparto.
Tasación, justicia fiscal y poder local
La equidad constituía en aspecto esencial del sistema. Aunque imperfecta, la tasación pretendía garantizar que cada comunidad pagara según sus posibilidades, lo que implicaba una noción embrionaria de justicia fiscal. Esta idea se apoyaba en el principio de proporcionalidad, según el cual los tributos no debían ser iguales para todos, sino acordes con la capacidad económica de cada uno.
Sin embargo, la implementación de este principio dependía de la calidad y actualidad de las tasaciones. En muchos casos, las cifras utilizadas eran antiguas, y las ciudades con mayor influencia podían conseguir evaluaciones más favorables. La fiscalidad se convirtió así en un espacio de disputa entre concejos, nobleza y corona, donde se negociaban no solo cantidades, sino también cuotas de poder y reconocimiento político.
Fiscalidad y guerra: financiar la expansión
La presión fiscal en Castilla se intensificó en los momentos de conflicto. En particular, la Guerra de Granada (1482–1492) supuso una movilización fiscal sin precedentes, que obligó a multiplicar los servicios extraordinarios y a extender las tasaciones por todo el territorio. Esta guerra aceleró la profesionalización de ciertos procedimientos y consolidó la costumbre de recurrir a las contribuciones colectivas repartidas por tasación.
Los Reyes Católicos fueron conscientes del valor estratégico de este sistema. Por ello, lo utilizaron para reforzar su poder y proyectar una imagen de monarquía eficaz y moderna, capaz de financiar campañas militares y sostener una administración central creciente sin renunciar al apoyo de las ciudades.
De la tasación medieval a la Hacienda moderna
El sistema de tasación castellano representa una etapa intermedia entre la fiscalidad feudal descentralizada y la Hacienda moderna que surgiría en los siglos posteriores. Aunque no era un aparato permanente ni completamente profesionalizado, sí articulaba una lógica sistemática en la que se aplicaban criterios contables, se recurría a agentes especializados y expresaba un compromiso con la proporcionalidad. Además, esta estructura permitió a la Corona actuar con rapidez ante necesidades financieras sin depender exclusivamente de la nobleza o del clero, lo que contribuyó a su consolidación como poder central.
Aunque carecía de una Hacienda central permanente, la estructura flexible de este sistema tributario, sus mecanismos de control y su red de agentes locales permitieron a la Corona de Castilla recaudar impuestos de forma eficaz y sostener sus políticas bélicas y administrativas. En este sentido, la tasación no solo fue una herramienta económica, sino también un instrumento de gobierno y un reflejo del equilibrio político entre la Corona y sus súbditos urbanos.
Referencias
- Ortego Rico, Pablo e Íñigo Mugueta Moreno. 2022. "Kingdoms of Castile and Navarre", en Denis Menjot et al. (eds.), The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe, pp. 120-154. Routledge.
