El Día Mundial contra la Pena de Muerte se celebra cada año el 10 de octubre, a iniciativa de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.
La pena capital es el castigo más severo que puede estar considerado en un sistema legal. Se trata de, ante delitos de extrema gravedad, acabar con la vida del condenado empleando para ello desde métodos indoloros como la inyección letal hasta otros como la silla eléctrica, la horca, el fusilamiento o la lapidación. A lo largo de la historia han ido variando tanto los motivos como los métodos para aplicar la pena de muerte, cayendo esta práctica en desgracia desde la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI.
En 2001, el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte reunió a los principales países que se oponen a esta práctica y a consecuencia de este, en 2003, se estableció el 10 de octubre de cada año como el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Esta fecha pretende sensibilizar a la comunidad internacional sobre una práctica cada vez más en desuso y que instituciones internacionales ya han condenado y rechazado. Las actividades de este día suelen centrarse en reuniones, congresos y charlas que van desde la población general (para concienciar) hasta las altas esferas de la política (para promover programas de cooperación y acciones conjuntas).
A finales de 2018, en el mundo había 106 países que han abolido esta práctica en su totalidad al considerarla contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros motivos. Sus detractores afirman que se trata de una medida irreversible que, según las estadísticas, no sirve como arma disuasoria contra el crimen. Además, a lo largo de la historia ha sido empleada como arma política para eliminar a personajes molestos para el poder y actualmente suele predominar en países en los que las garantías democráticas y judiciales están en duda.
Los países que más ejecuciones llevaron a cabo en 2018 fueron, en orden descendente, China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak. Según Amnistía Internacional, y sin contar las miles de muertes que se cree que tienen lugar en China cada año, en 2018 se llevaron a cabo al menos 690 ejecuciones a nivel mundial. Los organismos internacionales y las ONGs defienden que esta cifra es todavía mayor ya que, al producirse la mayoría en regímenes autoritarios, muchas de las muertes no quedan registradas y no se tiene acceso a las cifras reales.
El caso de Estados Unidos resulta especialmente llamativo. Su organización federal hace que dependa de la legislación de cada estado la contemplación o no de la pena capital como condena aceptada en un proceso jurídico. Actualmente, hay 29 estados que mantienen la pena de muerte pero 4 de ellos tienen una moratoria estatal. Según las estadísticas, incluso en los estados en los que se mantiene la pena de muerte el número de aplicaciones sigue en caída desde 1996.
Referencias:
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