Era una máquina de hacer dinero, pero le incomodaban las luces que se quedaban encendidas en palacio, y, a juzgar por la factura de un millón de libras que desembolsaba de media cada año, es comprensible. Lo cierto es que, seguramente, ni ella misma sabía a cuánto ascendía su fortuna, aunque todos hacían sus cábalas. La revista Forbes calculaba que su riqueza personal rondaba los 495 millones de euros, una «nadería» que la alejaba de la lista de billonarios de esa publicación, y el Sunday Times rebajaba la cifra a unos 420 millones. Ahora bien, más allá de sus cuentas privadas, el imperio económico de la Casa Real alcanzaría la nada desdeñable suma de 27.750 millones de euros, entre inversiones, obras de arte, joyas y bienes raíces.
Como dijo Jorge VI, el padre de la reina, «no somos una familia, somos una empresa», término este, firm, que luego popularizaría el duque de Edimburgo, siempre tan fino con los remoquetes. Hoy, tras el mutis por el foro de los duques de Sussex —anunciado por Buckingham en 2021— y la muerte de Isabel, los miembros que mueven los hilos son el rey Carlos y la reina consorte Camila, el príncipe de Gales Guillermo y su esposa Kate, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, hijos de la reina, y la esposa de este último, la condesa de Wessex.
Durante el largo reinado de Isabel, la «Firma» se fue consolidando como uno de los negocios más rentables del planeta, aunque no puede decirse que la transparencia fuera su fuerte. Cuando, en 1973, el primer ministro Edward Heath pretendió supervisar las participaciones secretas de accionistas en empresas cotizadas, el abogado de la reina se personó en el departamento correspondiente y arrancó el compromiso de que la jefa de Estado quedaría exenta de esos controles, lo que le permitió seguir cubriendo sus inversiones a través de corporaciones fantasma. Todo, gracias a una convención, el «consentimiento real», que se pierde en la noche de los tiempos y que obliga a los ministros a informar a la Corona cuando van a tramitar una ley que afecte a sus prerrogativas.
Los dineros del Estado
La lupa gubernamental ya no es tan condescendiente, pero basta con seguir el rastro del dinero, véase Todos los hombres del presidente, para intuir lo mucho que se nos sigue escapando. De acuerdo con la profesora Laura Clancy, autora de Running the Family Firm. How the monarchy manages its image and our money, los Windsor siguen hurtándose al escrutinio público, «en un momento de creciente desigualdad global, particularmente en el área de la propiedad».
Y eso que la Casa Real publica todos los años un informe con los ingresos y los gastos del jefe de Estado. Los primeros provienen, fundamentalmente, de los fondos públicos fijados por la Sovereign Grant Act, que entró en vigor en 2012 y cuya cuantía se cifra, a día de hoy, en 86,3 millones de libras. La suma se destina a apoyar los deberes oficiales de Su Majestad y, sobre todo, al mantenimiento de sus palacios (Buckingham, St. James, Clarence House, la caballeriza de Marlborough House, Kensington, las caballerizas reales y los Royal Paddocks de Hampton Court, el castillo de Windsor y los recintos de sus parques). ¿Es mucho o poco? Si lo comparamos con la partida presupuestaria que nuestro Gobierno asigna a la Casa Real, unos ocho millones y medio de euros, no parece que los Windsor puedan quejarse.
Sin embargo, a través de The Crown Estate, empresa que administra sus tierras y propiedades —no solo agrícolas, ganaderas y forestales, sino también marinas y, por supuesto, urbanas: la calle Regent es prácticamente suya—, el monarca rinde cuentas ante la Cámara de los Comunes. De hecho, los beneficios que genera la Corona suponen una extraordinaria inyección para el erario público, que Brand Finance llegó a tasar en unos 1.766 millones de libras al año. Así, los responsables de The Crown Estate aseguran que su propósito no es otro que «crear una prosperidad duradera y compartida para la nación».
¿Cómo calcular los dividendos procedentes del turismo, con esos millones de peregrinos que hacen cola en los palacios y compran en las tiendas de Piccadilly suvenires dinásticos, o el caudal que mana de sus bodas televisadas o de sus giras por el extranjero? En 1993, tras el incendio de Windsor, la reina decidió abrir a las visitas el palacio de Buckingham, en principio para contribuir a la restauración de la fortaleza, pero después, claro, para seguir haciendo caja.
Un monedero de escándalos
Eso, por un lado. Porque, además de los fondos públicos, la segunda fuente de ingresos de la Corona es lo que se denomina el «monedero privado» —privy purse—, que tintinea en sus bolsillos con los réditos del Ducado de Lancaster, una cartera compuesta por 18.000 hectáreas de tierras, propiedades y activos que, desde 1399, se mantienen en fideicomiso para los soberanos. Por lo general, Su Majestad dejaba hacer a sus asesores, si bien no dudaba en intervenir cuando se le antojaba; sin ir más lejos, rechazó que se deshicieran de unos pastos, aduciendo que «lo que fue bueno para Juan de Gante en el siglo XIV, es lo suficientemente bueno para mí».
Y no es ese el único ducado real: el de Cornualles, creado un poco antes, en 1337, sustenta al príncipe de Gales, con los sempiternos quebraderos de cabeza que suscita el money. Para evitar maledicencias, en 1993, tanto la reina como el príncipe Carlos decidieron pagar impuestos voluntariamente por esas propiedades, que colmaban sus bolsillos con algo más de veinte millones de libras al año por cabeza.
En 2005, una investigación reveló que el príncipe de Gales se había subido el «sueldo» un 300 % desde 1993. Unos años después, el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento insistió en que se investigara el capital de su ducado y solicitó que se revisara la exención del impuesto sobre sociedades y capitales. A Carlos, desde luego, no se le han dado nada mal los números, aunque a veces, como en las donaciones recibidas por su fundación —incluidas las de la familia de Osama bin Laden— haya tirado por la calle de en medio.
Para echar más leña al fuego, en 2017 el nombre del Ducado de Lancaster, el de la reina, fue arrastrado por el fango en el curso de la investigación de los Paradise Papers, una filtración que dejó en muy mal lugar a la soberana. Leer en un mismo titular su nombre y el del paraíso fiscal de las islas Caimán no debió de ser plato de gusto para ella, y más cuando su inversión había apostado por el mismo fondo que controlaba la compañía de usureros Brighthouse («Queen’s cash invested in controversial retailer accused of exploiting the poor», rezaba la portada de The Guardian del 6 de noviembre de 2017).
Inversiones privadas
A los fondos públicos y los ingresos de su ducado hay que agregar, también, su cartera individual de inversiones, cuyo monto nunca ha sido desvelado.
Dentro del patrimonio de Isabel II, no podemos obviar sus obras de arte —poseía la mayor colección privada del mundo, con más de un millón de piezas—, una exorbitante colección de sellos de Jorge V —el valor de la Royal Philatelic Collection se estima en unos cien millones de libras—, caballos —el hipódromo de Ascot es propiedad de la Corona—, cisnes, vehículos de marcas como Aston Martin, Bentley o su preferida, Land Rover, y hasta dos castillos de su propiedad, herencia de su padre, el de Balmoral y el de Sandringham, una «casa de campo» en Norfolk.
Mención aparte merecen las joyas, como la corona de San Eduardo, el collar Nizam de Hyderabad o la tiara Halo de Cartier, que la princesa Catalina lució en su boda. Muchas son propiedad de la Casa Real, pero otras eran de la misma Isabel, o, como dijo un secretario del Tesoro, «las joyas de la Corona son propiedad del soberano por derecho de la Corona». Algunas, como el diamante Koh-i-Noor, que recaló en las colecciones reales procedente de la India en tiempos de la emperatriz Victoria, o el Cullinan, «la gran estrella de África», regalo de cumpleaños para el rey Eduardo VII, se han visto envueltas en la polémica por la negativa de su devolución, pero, en fin, eso es algo que sucede en las mejores familias, y, como recalcó el primer ministro David Cameron, si el Gobierno se pusiera a devolver todo lo que no era suyo, «el Museo Británico se vaciaría». Por último, los obsequios que recibía entraban a formar parte de las colecciones reales, tal como sucedió con el facsímil de un Libro de Horas que el rey Felipe VI le regaló en su visita oficial de 2017.
Carlos, el heredero
Isabel vivió muchos años para disfrutar de su fortuna, que ahora se repartirán los miembros de su familia, con Carlos a la cabeza. Y lo mejor es que, gracias a una exención de 1993, el rey no tendrá que pagar un solo penique en concepto de impuestos, a diferencia del resto de mortales en su país, que tributan al 40 % por herencias que rebasan las 325.000 libras. La gracia —para los que no son republicanos— tiene su razón de ser: si varios monarcas fallecieran en un lapso de tiempo muy breve, el patrimonio de la Casa Real se volatilizaría en menos que canta un gallo. De ahí que, aunque no haya trascendido el testamento de la reina, los expertos den por hecho que Carlos se quedará con el grueso de la herencia, ya que los otros beneficiarios sí tendrían que pagar impuestos.
Durante varias décadas, la imagen de la reina ha estado indisolublemente ligada al dinero, a través de los billetes y monedas con su efigie. Isabel no solo vivía en el corazón de su pueblo, sino también en su bolsillo, con el rostro que tenía a sus ochenta y ocho años, la última vez que se actualizó el diseño. Ahora, la Royal Mint, con sede en Gales del Sur, reemplazará a la madre por el hijo —este, mirando a la izquierda— y el servicio postal no volverá a imprimir más sellos con la cara de Her Majesty. En los países de la Commonwealth la decisión de integrar a Carlos en sus monedas y billetes dependerá de cada Gobierno, ya que no hay obligación, si bien es lo que dictan la tradición y el sentido común. Sea como fuere, parece que el bolsillo de la gente será de Carlos, pero el corazón seguirá siendo de Isabel.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.
